Las empresas que tengan la intención de contratar con la Administración Pública están obligadas a promover una cultura anticorrupción y de integridad, de forma especial, en aquellos contratos de alto impacto para el sector público. Por ello, la implantación de un Sistema de Compliance Anticorrupción concede una ventaja competitiva frente a otros licitadores, al tiempo que evita la imposición de sanciones.